La Administración Pública se rige por el principio de legalidad normado en el artículo 11 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, de manera que está facultada para hacer todo aquello que le está expresamente permitido.
Además, debe mantener un estricto control, uso y reporte de la ejecución que se le da a los recursos económicos, humanos e institucionales que tiene a su disposición. Por lo que el manejo de los recursos debe ser apegado a principios de eficacia, eficiencia y la búsqueda del bien común.
Estos supuestos enmarcan la base de actuación, pero también contine en si la respuesta a la incapacidad de atender y corregir a tiempo deficiencias que se detecten en su funcionamiento y organización.
Ejemplos de estas ineficiencias se encuentran en la gran erosión de recursos al registrarse, continuamente, sumas pagadas de más a las personas funcionarias públicas (caso MEP), pues esto implica un aumento en todos los costos económicos y de tiempo en el proceso de recuperación de los dineros, trámite que no siempre logra su objetivo.
También se encuentra en la incapacidad institucional para responder a tiempo ante la finalización de un contrato para brindar un servicio público (caso MOPT), lo cual pone de manifiesto problemas de planificación y toma de decisión a lo interno de la institución. Así como en la superación de las capacidades institucionales para procesar solicitudes de personas usuarias (IMAS).
En los tres casos mencionados, se encuentra un factor común: la baja calidad en la prestación del servicio público, acompañado de la incapacidad de reacción ante cambios e imprevistos surgidos durante el ejercicio de la función.
Esta es una discusión importante, en el tanto, los temas de funcionamiento institucional y de reforma del Estado han estado concentrados en el tamaño de la institucionalidad (cantidad de instituciones), y el debate no ha permitido reflexionar sobre la calidad esperada y necesaria de cada uno de los entes y órganos que conforman la Administración.
Por lo que considero que una discusión responsable pasaría por buscar el mejor funcionamiento de la infraestructura institucional con el cabal cumplimiento de sus responsabilidades, para asó permitir el diseño de mejores procesos institucionales que se ajusten a estándares de calidad que impacten positivamente la consecución del fin público.