En relación con las noticias indicadas es importante analizarlas en el contexto que surgen, ya que en muchas ocasiones los artículos publicados en los medios de comunicación no llegan a ese nivel de detalle, lo que puede ocasionar un sesgo para el análisis objetivo de una situación en particular; sin embargo, son un buen punto de partida para analizar una problemática en particular.
En el caso de los problemas del Sistema de Pagos del Ministerio de Educación Pública, institución del Estado con la mayor planilla del país, como se menciona en la noticia no es la primera vez que se presenta sobregiro a educadores; sin embargo, la noticia no menciona nada sobre las afectaciones que por años han tenido muchos educadores que luego de ser nombrados no reciben su salario respectivo por incluso meses (atrasos en el pago). Lo que evidencia que la gestión en temas relacionados con planilla y salarios, no se ha solventado a través de los años. El MEP con una de las planillas más grandes, necesariamente debe invertir recursos en la implementación de un sistema eficiente, mejorar la automatización de procesos y velar por la integración de sus sistemas con otros sistemas de instituciones tales como la CCSS y el Tribunal Supremo de Elecciones, así como, mejorar la brecha tecnológica entre centros educativos de zonas urbanas y rurales, de tal forma que le permitan recabar la información en el menor tiempo posible y que la misma sea veraz. En el Informe 31-14 “Integra 2 Problemas de pago”, la Auditoría Interna del MEP, señala que el Sistema Integra 2, perteneciente al proyecto MEP-Digital, pretendía el desarrollo e implementación de un sistema automatizado e integrado para agilizar la gestión del recurso humano y la adecuada ejecución del pago de los funcionarios del Ministerio, en ese momento la Auditoría Interna señalaba atrasos en la inclusión de información en los sistemas informáticos, SIGRH e Integra 2. En este sentido la Contraloría General de República ha realizado algunos señalamientos al respecto y ha constado a través de sus auditorías de fiscalización mejoras en los sistemas; sin embargo, también ha manifestado que persisten problemas y ha identificado diferencias importantes entre los salarios reportados en los diferentes sistemas.
Con respecto al artículo relacionado con el IMAS, un hecho relevante a considerar es lo señalado en el primer párrafo del artículo, donde menciona que se duplicó el tiempo que esperan los costarricense para obtener una cita, entre el año 2020 a 2021, es importante tener en consideración que los años mencionados corresponden a la pandemia de COVID-19, por lo que una posible razón para que el tiempo de espera se incrementara considerablemente se deba al hecho de que las instituciones públicas no tuvieran los mecanismo adecuados de automatización y de trabajo remoto que le permitieran atender la demanda, situación agudizada por el incremento significativo en la pérdida de empleos en el sector privado e informal y con ello la pérdida de poder adquisitivo de las familias. De acuerdo con datos del INEC, el porcentaje de hogares cuyo ingreso per cápita está por debajo de la línea de pobreza o de pobreza extrema, según el método de línea de pobreza o pobreza por ingresos, en el año 2020 alcanzó los porcentajes más altos en los últimos años, en el caso de la pobreza total alcanzó 26,2% y la pobreza extrema 7%. El artículo señala que el IMAS cuenta con una plataforma para recibir las solicitudes; sin embargo, también menciona que es frecuente que los interesados no brindan la información respectiva para que esa Institución apruebe el subsidio correspondiente, en este sentido sería importante determinar qué tan accesible es la plataforma, tomando en consideración que muchas de las personas que solicitan los subsidios podrían tener baja escolaridad, acceso limitado a la información y con ello verse afectados a la hora de la aprobación respectiva, por no presentar toda la información o presentar de manera inadecuada.
Con respecto al artículo relacionada con la revisión técnica vehicular (RTV), en mi opinión es el artículo que menos se aproxima a la causa raíz del problema, porque este se limita a centrarse en la cantidad de vehículos que podrían ser inspeccionados en una hora por parte de mecánicos del MOPT. Se debe tener en consideración que luego de que la presente Administración no ampliara el contrato con RITEVE para que llevara a cabo la RTV, la medida propuesta y señalada en el artículo era de contingencia, la propuesta consistía en que los mecánicos de la MOPT, los cuales tienen como función principal el mantenimiento de equipo pesado realizaran la RTV de manera temporal mientras se solventa el problema. Cabe señalar, que dichos funcionarios no tenían experiencia en operar los equipos especializados que se requieren para realizar la RTV. Otro aspecto que se señala en el artículo corresponde a que inicialmente el Ministro indicó que se operaría con 40 mecánicos; sin embargo, posteriormente se aclaró que 14 funcionarios realizarían la RTV, esto porque se debían atender otras tareas. Al respecto es importante tener en consideración que hasta el presente año el CONAVI volvió a activar algunas labores de conservación vial en la Red Vial Nacional, por lo que la atención de emergencias e intervenciones puntuales estaba a cargo del MOPT, razón por la cual se comprende que no todos los mecánicos del MOPT pudieran asumir las labores de RTV. Lo que llama la atención en el caso de RTV es la razón por la cual la Administración pasada conociendo la fecha de vencimiento del contrato con RITEVE (15 de julio de 2022), con mucho tiempo de anticipación no promoviera el concurso para contratar una empresa que brindara el servicio a nivel nacional, con el fin de evitar los inconvenientes sufridos a la ciudadanía a partir del 15 de julio de 2022. Este tema en particular fue analizado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, lo que provocó la aprobación unánime de una moción para investigar el tema y establecer posibles responsabilidades por la aparente inacción del estado, al no tomar oportunamente las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de revisión técnica vehicular al vencimiento del contrato del consorcio RITEVE-SYC, que venció como se indicó anteriormente el 15 de julio del 2022, dicha investigación se tramita bajo el Expediente No. 23161; sin embargo, consultado dicho expediente no se encontró información disponible sobre los avances de la investigación y el último dato registrado corresponde al 23 de marzo de 2023, que indica como tipo de trámite “archivo de expediente”. De acuerdo con consultadas realizadas por diferentes medios de comunicación a la Contraloría General de la República, ésta confirmó la apertura de una investigación sobre las acciones y decisiones que se tomaron para asegurar la inspección técnica vehicular en relación con la conclusión del contrato del consorcio RITEVE-SYC. En este sentido es importante para el interés público las conclusiones y disposiciones que pueda emitir el Ente Contralor, con el fin de minimizar o evitar situaciones como las presentadas en este tema en específico.