La región latinoamericana y el caribe está exigiendo más y mejores servicios por parte de sus gobiernos.
Esta coyuntura es crucial: si los gobiernos logran atender las nuevas demandas, los países tendrán buenas posibilidades de ascender en la escalera del desarrollo. Este desafío es aún mayor ante la amenaza de tasas de interés internacionales más altas, precios más bajos en los productos básicos y menor crecimiento a nivel mundial, factores externos que pueden no favorecer a la región, como sucedió a principios del decenio de 2000.
Además, durante los años de bonanza, varios gobiernos elevaron rápidamente el gasto público con la esperanza de que las ganancias externas se mantendrían, para luego descubrir que se habían deteriorado y habían acelerado la necesidad de consolidación fiscal, en un contexto de incremento de la deuda.
En sus páginas se sugiere que la respuesta tiene que ver con la eficiencia fiscal y con un gasto inteligente, y no con la solución estándar de hacer recortes generalizados del gasto público para lograr la sostenibilidad fiscal, en ocasiones a un gran costo para la sociedad. Este sesgo en detrimento de la inversión pública perjudica el crecimiento, puesto que el capital público es un factor determinante de la inversión privada, que a su vez es el principal motor del crecimiento económico.
A esto se suma el hecho de que MEJOR GASTO PARA MEJORES VIDAS el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el producto es mucho mayor que el del gasto corriente, razón por la cual una política de recorte de gastos que solo se centra en la inversión pública es errónea. ¿O acaso los ciudadanos están solicitando a sus políticos transferencias inmediatas en lugar de inversiones más rentables a largo plazo, como infraestructura o educación? Nuestro informe revela que la confianza en el gobierno es un ingrediente clave de las demandas ciudadanas; cuando hay un alto nivel de desconfianza ya sea por la ineficiencia del gobierno o por la corrupción flagrante los ciudadanos prefieren las transferencias a las inversiones a largo plazo.
Este equilibrio político podría ser muy perjudicial para el crecimiento y el desarrollo, dado que todos podrían acabar saboteando el futuro con menores inversiones, tanto de capital físico como de capital humano. Algunos países de la región gastan muy poco para su nivel de desarrollo, y se beneficiarían amplia- mente si expandieran la gama de servicios ofrecidos por el gobierno.
Un factor clave que explica esta reticencia a aumentar impuestos es que los ciudadanos pueden sentirse reacios a pagar más impuestos si no creen que sus gobiernos gastarán esos recursos adicionales de manera eficiente, proveyendo los servicios que necesitan.
Por lo tanto, un requisito previo para aumentar el gasto público parece ser la capacidad del gobierno de prestar servicios eficientes, sin desperdiciar nada. Los ciudadanos que confían en sus gobiernos probablemente pagarán más por servicios adicionales, en especial por aquellos que exigen más tiempo, como educación o infraestructura.
La primera tiene que ver con el hecho de no hacer las cosas de la mejor manera posible, dados los recursos disponibles. Los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejor educación, servicios de salud, seguridad pública e infraestructura si sus gobiernos utilizaran los recursos existentes como lo hacen los mejores países del mundo. Todos estos objetivos son alcanzables utilizando el mismo nivel de gasto actualmente disponible, o al menos proporcionando los niveles actuales de servicios con menos dinero para liberar recursos si la consolidación fiscal está en juego.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran a lo largo del informe, con detalles y ejemplos de toda la región. Las políticas impositivas y de gasto público en América Latina y el Caribe contribuyen poco a reducir la desigualdad de ingresos en comparación con los países avanzados. Mientras que en la región las políticas impositivas y de gasto público reducen la desigualdad en alrededor de un 5%, en las economías avanzadas la reducción es de un 38%. Por último, los gobiernos deben centrarse en el cómo para lograr la eficiencia técnica y asignativa a la vez que mejoran la equidad; para esto, la clave está en las instituciones. A nivel macro, reglas agregadas que aseguren la sostenibilidad fiscal pueden provocar un sesgo en detrimento del gasto de capital.