La ciudadanía no puede interesarse en algo que no conoce.
Es necesario que los presupuestos propuestos y aprobados sean de fácil acceso, y, lo más importante, es que sean de fácil comprensión. El derecho a la participación pública parte del derecho a la información: sin esta no puede existir aquel.
Es necesario que los Poderes Legislativos y Ejecutivos comiencen a esforzarse por generar los espacios y las condiciones propicias para que la ciudadanía pueda involucrarse. Para ello, primero debe existir voluntad. Si estos espacios y condiciones no se han dado hasta el momento, probablemente es porque existe interés por parte de los grupos de poder de que se siga operando sin difusión y transparencia.
El contexto socioeconómico de nuestros países tiene un peso importante en esta situación: la prioridad de las personas es trabajar para suplir sus necesidades básicas, y no hay mucho margen para que algo que se siente tan distante como el tema presupuestario. Las personas están ocupadas sobreviviendo.