Existe evidencia consistente con la idea que las consideraciones acerca de la capacidad y de la benevolencia de las instituciones juegan un papel importante en los juicios sobre confianza. Las evaluaciones sobre la capacidad y la benevolencia no sólo influyen directamente sobre la confianza, sino que además interactúan entre sí, de manera que, para la mayoría de las instituciones, los niveles máximos de confianza se observan cuando se combina una percepción de alta capacidad con una de alta benevolencia.
La confianza es el problema más acuciante y, sin embargo, el menos abordado al que se enfrenta América Latina y el Caribe. Ya se trate de los demás, del gobierno o de las empresas, la confianza en la región es menor que en cualquier otra parte del mundo. Las consecuencias económicas y políticas de la desconfianza se propagan a toda la sociedad. La desconfianza reduce el crecimiento y la innovación: la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo florecen cuando las empresas y el gobierno, los trabajadores y los empleadores, los bancos y prestatarios, así como los consumidores y productores confían unos en otros. Por otro lado, la confianza dentro de las organizaciones del sector privado y público es esencial para la colaboración y la innovación. La desconfianza distorsiona la toma de decisiones democrática. Impide que los ciudadanos exijan mejores servicios públicos e infraestructura, y que se unan entre sí para controlar la corrupción; asimismo, reduce sus incentivos para hacer sacrificios colectivos que benefician a todos. La buena noticia es que los gobiernos pueden aumentar la confianza ciudadana con promesas más claras sobre lo que los ciudadanos pueden esperar de ellos, con reformas del sector público que les permitan cumplir sus promesas y con reformas institucionales que refuercen los compromisos que los ciudadanos contraigan unos con otros.
La confianza en las instituciones, así como la satisfacción con los servicios públicos, se ha deteriorado, debilitando así el contrato social en la región. El descontento social con los servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable pues no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad, generalmente más costosos y provistos por el sector privado.
Con base en esta evidencia, Perspectivas Económicas de América Latina 2018 hace un llamado a repensar las instituciones y a construir un nuevo nexo Estado-ciudadanos-mercado a través de tres grandes ejes:
- En primer lugar, se requieren instituciones más sólidas para superar la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad a través de inversión en infraestructura, habilidades, tecnología e investigación y desarrollo para estimular la innovación, la competencia y mejores empleos. La región necesita diversificar su estructura de producción e incrementar su valor agregado. Una mayor integración regional y mundial es clave, especialmente aprovechando el prometedor diálogo entre iniciativas de integración regional como la Alianza del Pacífico y Mercosur; y entre la región y otros bloques comerciales
- En segundo lugar, renovar el contrato social en ALC exige reforzar la credibilidad y la capacidad de los Estados para luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder a las demandas de los ciudadanos. Promover una cultura de integridad en todos los niveles del gobierno y mejorar los marcos regulatorios fomentaría un mayor nivel de responsabilidad.
- Finalmente, el uso de nuevas tecnologías para fomentar la innovación en el sector público puede ayudar a reconectar el Estado con los ciudadanos y a prepararse a los desafíos futuros. Esto implica, por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas plataformas tecnológicas, promover las políticas de gobierno abierto y utilizar de manera más extensa los análisis de big data en el diseño de políticas públicas.