Según el informe del BID denominado "La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe", en esta región del mundo ha existido una caída de 11 puntos porcentuales en los niveles de confianza del 22% al 11%. Solo una de cada 10 personas cree que se puede confiar en los demás y principalmente en el gobierno, las instituciones y el sector privado. Este fenómeno de desconfianza generalizado es el resultado de una conjunción de diversos aspectos: La falta de transparencia y menoscabo del derecho de acceso a la información [al no publicar toda aquella información que resulta relevante para la ciudadanía y que la ley obliga a ello], falta de una verdadera rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos [es decir, ejercicios que permitan la participación y cuestionamiento ciudadano], la desigualdad social y principalmente económica [que no muestra señales claras del decrecimiento que demanda la agenda 2030 de los ODS]; la debilidad de los controles inter orgánicos [por el control político de algunas instituciones, lo que se traduce en una completa ausencia de objetividad para la toma de decisiones]; la incongruencia en los planes de gobierno y políticas públicas [en el sentido que no se generan resultados palpables]; la inseguridad [tanto a nivel personal como jurídico y democrático]; la arbitrariedad en la adopción de decisiones [creación de normas, emisión de actos administrativos, decisiones judiciales, etc.] y, por supuesto, la corrupción, tanto la que se presenta a gran escala [como sucedió con el caso Odebrecht] como la "pequeña corrupción" o aquella que, no generando una afectación significativa, se encuentra presente en situaciones cotidianas.
Si bien las redes sociales y, en general, los medios de comunicación pueden incidir en la percepción ciudadana respecto de las autoridades gubernamentales y, por ende, en su confianza o desconfianza hacia las mismas, lo que verdaderamente resulta determinante para retomar la credibilidad y la confianza popular es que las autoridades estatales adopten acciones concretas y perceptibles que evidencien no sólo que se están adoptando estrategias, planes y políticas que persiguen la atención de las necesidades colectivas, sino que además, los recursos públicos se están administrando adecuadamente, que la selección de los servidores públicos se realiza con base en parámetros objetivos y no por nepotismo o clientelismo político, permitiendo que la sociedad civil pueda interactuar constructivamente en la actividad gubernamental.