En el análisis de política pública, la racionalidad limitada implica que los actores involucrados en el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas no pueden considerar todas las alternativas posibles, ni predecir todas las consecuencias de sus acciones, ni maximizar sus beneficios o el bienestar social
. Por lo tanto, los actores recurren a heurísticas, reglas de dedo, criterios de satisfacción, o a la influencia de otros actores, para simplificar el problema y tomar decisiones que sean aceptables o suficientes, pero no necesariamente óptimas
La racionalidad limitada es importante porque reconoce las limitaciones cognitivas, emocionales, institucionales y contextuales que afectan el comportamiento humano y la toma de decisiones1
Esto permite una mayor comprensión de la complejidad y la incertidumbre que caracterizan a los problemas públicos, así como de los factores que influyen en la formulación y el resultado de las políticas públicas
Además, la racionalidad limitada abre la posibilidad de mejorar el proceso de las políticas públicas mediante el uso de métodos y herramientas que faciliten la búsqueda, el procesamiento y la comunicación de la información, así como la participación y la deliberación de los actores relevantes.