Considero que uno de los principales determinantes contextuales del rumbo que toman las políticas públicas, es la ideología política del gobierno de turno, y la posibilidad que dicho gobierno tenga para imponer un determinado plan de gobierno por encima de los opositores. Claramente, un Ejecutivo que cuenta con una mayoría parlamentaria tiene mayor capacidad de incidencia sobre la política pública.
La ideología está conformada, justamente, por ideas, creencias y valores (también antivalores, en algunos casos) que orientan la acción de los individuos, que, para este caso, me refiero a los individuos que ocupan posiciones de poder en las instituciones estatales.
En ocasiones lo que valoramos como ‘‘malas decisiones’’ de política pública, bien podrían ser las decisiones correctas bajo determinado lente ideológico. Reducir el presupuesto en educación o paralizar obras de infraestructura hospitalaria, por poner un par de ejemplos, no son simples errores que alguien cometió. Son decisiones que fueron discutidas, meditadas y acordadas por un grupo de decisores.
Este grupo de decisores posiblemente ha considerado otros factores, que van más allá de mejorar la educación o la salud de la población. Lo que típicamente nos imaginamos (ingenuamente) que los gobernantes quieren lograr cuando discuten políticas educativas y de salud pública.
Esto no es de sorprenderse, existen grandes corporaciones, tanto nacionales como transnacionales que lucran con los servicios educativos y hospitalarios, que bien podrían felicitar a estos gobernantes por ‘‘amarrarse la faja’’ (expresión popular que usamos en CR para referirnos a recortar la inversión pública).
Cuando el Estado no interviene para brindar servicios públicos de calidad, abre un espacio importante para que el mercado pueda vender esos servicios a diferentes segmentos de la población, según sus ingresos, por eso existen clínicas privadas donde asiste la clase media y otras donde se atiende a las clases más altas.
La globalización quizás ha facilitado que se generen dichas alianzas corruptas entre los políticos locales y los grupos económicos transnacionales, y en ese intercambio se producen esos compromisos políticos que se materializan en la toma de decisiones. Aunque este fenómeno de la corrupción no es nuevo, ni llegó con la globalización. Ésta simplemente lo pudo haber facilitado un poco más.
De igual manera, podría suceder lo contrario, que el gobierno de turno tenga una ideología política que precisamente combate este tipo de políticas reduccionistas del Estado y busca de forma sincera un mejoramiento de los servicios públicos para ampliar las posibilidades de equidad, justicia y libertad para los ciudadanos.
A partir de esto, concluyo con dos ideas:
1- Regresando al principio, creo que, como especialistas en políticas públicas, lo primero que debemos identificar es la ideología política de quienes ocupan las posiciones de poder en el gobierno (Ejecutivo, legislativo, instituciones públicas en general), y establecer entonces cuáles posibles vínculos o relaciones, tanto a nivel nacional como internacional, podrían tener estos individuos, con cuáles grupos se han relacionado a lo largo de su carrera, a cuáles intereses han respondido.
2- Como ciudadanos con acceso a un conocimiento privilegiado de lo público, debemos hacer eco de la importancia de procurar los pesos y contrapesos en la sociedad. Esos contrapesos pueden venir en forma de instituciones de control, grupos organizados de la sociedad civil y movimientos sociales, que podrían, al menos, ejercer resistencia para evitar la imposición de políticas que afecten la condición humana.