Panamá desde hace muchos años ha venido sufriendo, a mi modo de ver, de un fuerte descrédito en la función de algunas entidades públicas. A nivel político han salido a la luz importantes casos de corrupción, y el habitante ya no cree en la promesas de los gobiernos. Hace falta a nivel general políticas que evidencien por ejemplo la gestión pública indeoendiente y autónoma, que no se afecte por asuntos políticos partidistas. A nivel institucional todavía hace falta separar algunas dependencias que se involucran en la operación integrada del mercado eléctrico y buena destinación de recursos y fiscalización en el buen mantenimiento de las infraeestructuras, lo que implica revisar todo el marco regulatorii y legal para fortalecer al Regulador y se reorganicen ciertas competencias. Panamá ha dado importantes avances en acciones y estrategias hacia la materialización de la transición energética; sin embargo se requiere invertir en capacitación, estudio continuo y actualización constante de los funcionarios públicos, también se requiere repartir las líneas de acción en la cabeza de varias instituciones o comisiones que estén respaldadas con instrumentos jurídicos que les permitan tener la fuerza y obligatoriedad necesaria para hacer cumplir los objetivos de las estrategias y acciones que encaminen en esta agenda de transición. Por otro lado, a nivel social, se requiere política pública orientada a cerrar brechas y a disminuir la pobreza. Promover el conocimiento y desarrollo de proyectos eléctricos o que brinden el suministro eléctrico en áreas que no son rentables. Crear comunidades piloto, en donde el modo de convivencia y estilo de vida se adopte sobre esquemas sostenibles y descarbonizados. Tenemos la esperanza de que igualmente, la comunidad latina y el avance que se logre en nuestra región, siga siendo uno de los elementos más importantes de motivación y referencia en materia de sectores impulsados en energías limpias, que pueden ser el resultado de alianzas público-privadas bien planificadas.