En Costa Rica la asignación del presupuesto destinado a fortalecer la seguridad pública da la impresión de que siempre ha sido deficiente. Aun cuando en los últimos 3 años se ha notado un incremento en la cantidad de policías públicos, su participación es muy deficiente por los siguientes aspectos básicos, tales como: una Infraestructura deficiente, falta de capacitación, falta de herramientas de trabajo como armas así como de bienes muebles con los cuales los oficiales puedan realizar una vigilancia y atención más rápida precisa, problemas de monitoreo porque las plataformas no están debidamente implementadas, entre otros.
Sin embargo, revisando la página oficial del Ministerio de Seguridad Pública encontramos que el presupuesto del MSP pasó de ₡273.457 millones en el 2023 a ₡294.653 millones presupuestado en 2024, es decir, cerca de ₡21.000 millones más incrementándose así en un 7,8%; así mismo, dentro de los principales proyectos que se desglosan en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública son el modelo preventivo de gestión policial y operativos policiales articulados por ¢2.176,1 millones.
Por lo anterior sería esperable que las condiciones del sistema policial mejoren, toda vez que el presupuesto asignado es mayor. Más aun, a asignación de recursos cobra relevancia luego de que el pasado viernes 1 de septiembre del 2023 el país alcanzara la cifra de los 600 homicidios.
No obstante, habría que revisar posteriormente cual porcentaje de este presupuesto fue realmente ejecutado.
En otro tema, consideramos de vital importancia la implementación de sistemas de gestión de calidad a través de toda la red policial y penitenciaria; ya que la calidad por sí misma constituye la evaluación y revisión de los aspectos críticos merecedores de mejora en cualquier ámbito de acción, la seguridad ciudadana no es la excepción; sería de mucha ayuda trazar un plan de calidad con el fin de orientar hacia las preguntas sobre qué es más importante: aumentar la cantidad de policías, implementar herramientas tecnológicas eficientes o en su defecto, cualquier otro aspecto digno de ser evaluado para mejorar la calidad de la seguridad ciudadana.
Finalmente, nos parece prudente también referirnos al presupuesto del Estado destinado a la inversión de centros penitenciarios pues el nivel de hacinamiento de los mismos es abismal. La situación es tan compleja que el Ministerio de Justicia y Paz tuvo que convertir sitios que permanecían abandonados, viejos comedores o gimnasios destinados para atender visitas en dormitorios con duchas y servicios sanitarios para así paliar el hacinamiento. Bajo esa modalidad se habilitaron 1.208 espacios nuevos.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz para este 2024, de los 3.302 espacios sin dinero para su ejecución, la propuesta es construir nuevas instalaciones para 1.040 presos en Finca La Paz, en San Ramón, 320 para una cárcel de máxima seguridad, 256 para el Centro de Atención Institucional en Liberia, 192 para la cárcel Marcus Garvey, en Limón, 1.224 para La Reforma, en Alajuela.
En conclusión, consideramos que se deben establecer objetivos más alcanzables y ejecutables en todos los temas relacionados con seguridad ciudadana; mayor presencia policial, mayor cantidad de herramientas para ejecución y monitoreo de la delincuencia, reforzamiento e implementación de todos los recursos muebles e inmuebles para el posicionamiento de puestos de vigilancia dignos del personal, y por supuesto la implementación de un plan estratégico de calidad que permita el correcto desempeño del seguimiento en materia de seguridad nacional de frontera a frontera.