Los acuerdos sobre el cambio climático están siendo vinculados
recientemente al sistema de justicia internacional en términos de prevención y
reparación del impacto humano en el medio ambiente. La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como parte del conjunto de tratados
ambientales internacionales, tiene como finalidad la prevención de la
interferencia humana peligrosa con el sistema climático. Fue adoptado en 1992 y se ha desarrollado en
acuerdos posteriores como el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París
(2015). Estos acuerdos establecen
compromisos de los Estados en torno al cuidado de las condiciones ambientales y
directrices para que los países reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero, se adapten al cambio climático y brinden apoyo financiero y
tecnológico a los países en desarrollo.
El impacto del cambio climático en los derechos humanos ya ha sido reconocido por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). El cambio climático representa una amenaza para los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la salud, la vivienda, el trabajo decente, el agua, la cultura y la autodeterminación. Las comunidades vulnerables se ven particularmente afectadas por el cambio climático, y su supervivencia está en juego. El ACNUDH ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes y concertadas sobre el cambio climático como un imperativo de derechos humanos. Esto tiene el potencial de permitir la incorporación de la tutela de estos derechos como parte del corpus iuris internacional sobre el cual el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya se ha pronunciado.
Además de los acuerdos sobre el cambio climático, existen otras convenciones y protocolos internacionales que abordan cuestiones ambientales. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y la Convención de Ramsar sobre los humedales, son algunos ejemplos de acuerdos internacionales vinculados a temas ambientales.
Estos acuerdos tienen como objetivo proteger la biodiversidad, garantizar la participación pública en la toma de decisiones ambientales y abordar desafíos ambientales específicos. En general, los acuerdos sobre el cambio climático y las convenciones internacionales sobre el medio ambiente desempeñan un papel crucial en la prevención y reparación del impacto humano en el medio ambiente. Estos compromisos proporcionan un marco para la cooperación entre las naciones, establecen compromisos para reducir las emisiones, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo sostenible.
Es claro que los acuerdos sobre el cambio climático tienen un impacto significativo en los países en desarrollo. El Acuerdo de París, como tratado internacional legalmente vinculante sobre el cambio climático, tiene como objetivo limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 ° C por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ° C. Reconoce que no todos los países en desarrollo tienen capacidad suficiente para hacer frente a los desafíos planteados por el cambio climático y hace gran hincapié en el fomento de la capacidad relacionada con el clima para los países en desarrollo, encaminada a canalizar un aumento en el apoyo de los países desarrollados, hacia las actividades de fomento de la capacidad en los países en desarrollo.
En este sentido, bajo la convención climática de la ONU, los países desarrollados, incluida la Unión Europea, se han comprometido a poner a disposición USD100 billones cada año para financiar proyectos relacionados con el clima en los países en desarrollo. Esta financiación está destinada a planes para reducir las emisiones y adaptaciones para mitigar los daños causados por desastres inducidos por el clima. Sin embargo, los niveles de compromisos de esos mismos países desarrollados sobre la descarbonización de sus sectores industriales, dista de mostrar los niveles necesarios para revertir los impactos del Antropoceno.
Más del 80% de los países en desarrollo han avanzado en la formulación e implementación de sus planes nacionales de adaptación, de acuerdo con el Reporte 2022 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear resiliencia para adaptarse a los impactos del cambio climático, las necesidades de inversión sobre la gestión de los impactos del cambio climático que permita alcanzar el desarrollo en una trayectoria baja en carbono son marcadamente mayores en los países de bajos ingresos, que son más vulnerables al riesgo climático.
Estos países necesitarán de un sistema de justicia ambiental internacional que permita la tutela de bienes públicos como el agua y aire limpio. Para abordar el campo de juego desigual de los efectos antropógenos de los países desarrollados se requiere un enfoque amplio dentro del marco jurídico internacional, que reconozca la responsabilidad histórica de los países desarrollados y sus contribuciones a la crisis climática. Este reconocimiento debe constituir la base de obligaciones y responsabilidades diferenciadas entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
El derecho internacional puede garantizar que la carga de abordar el cambio climático se comparta equitativamente entre las naciones. Los países desarrollados, que históricamente han contribuido más a las emisiones de gases de efecto invernadero, deberían asumir una mayor responsabilidad en la reducción de las emisiones y en la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, relacionados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto puede incluir un aumento de la financiación para proyectos de energía limpia, transferencia de tecnología, iniciativas de creación de capacidad y asistencia para hacer frente a los desastres inducidos por el clima.
Así mismo, las reglas e instituciones del derecho internacional público pueden promover iniciativas de creación de capacidad en los países en desarrollo para mejorar su capacidad de abordar los desafíos del cambio climático. Esto puede incluir programas de intercambio de conocimientos y asistencia técnica que permitan en última instancia, que las comunidades afectadas, en particular las de los países en desarrollo, tengan acceso a mecanismos de justicia para exigir rendición de cuentas por los daños relacionados con el clima. Esto puede implicar el fortalecimiento de los sistemas jurídicos nacionales, el establecimiento de nuevos tribunales internacionales y la prestación de asistencia y apoyo jurídicos.
Estos principios pueden guiar el desarrollo de marcos jurídicos internacionales que fortalezcan el enfoque basado en los derechos humanos y la gobernanza del cambio climático, reconociendo el derecho a un ambiente sano que garantice la protección de las poblaciones en vulnerabilidad climática y promueva la participación y la consulta en los procesos de toma de decisiones. De esta manera podremos iniciar el proceso de nivelar el campo de juego desigual de los impactos antropogénicos sobre el cambio climático.