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La gerencia de las operaciones en los proyectos públicos no es la misma que en los privados. Esta es una conclusión incuestionable en gran parte del Estado Costarricense. Veámoslo con un primer ejemplo: al fundarse un banco privado se analiza detalladamente la localización de su edificio y se realiza un análisis de teoría de colas y tiempos de espera, pero: ¿de acuerdo con nuestra experiencia como personas usuarias, sucede lo mismo cuando el Estado inaugura una sucursal de un banco público? No parece que así fuera.
Los anteriores aspectos son básicos de los estudios técnicos de los proyectos, pero cuestión y menester básico de la gerencia de operaciones de aquellos. El suscrito considera que estos vicios se dan debido a dos fallas estructurales de la institucionalidad costarricense: 1-la ausencia de una cultura y e institucionalidad proyectizada; y, 2- la ausencia del enfoque de servicio público de calidad.
En cuanto a la primera falla, referente a la ausencia de instituciones proyectizadas, se puede corroborar al revisar si existen o no PMO u Oficinas de Proyectos, si se cuentan con metodologías, técnicas y herramientas institucionales oficiales, si existen bancos de proyectos, o si hay capacitación continua en proyectos. En la mayoría de los aspectos se encuentra un rotundo no. Aunado a lo anterior, la legislación aplicable no exige de forma expresa la aplicación de las técnicas de la gerencia de proyectos. Acá surge una interesante discusión, pues si bien no la legislación no lo hace de forma expresa, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 16, dispone que las actuaciones de las entidades públicas deben apegarse a las “reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia” (subrayado no es del original). Asimismo, la reciente Ley General de Contratación Pública apenas avanzó en un pequeño paso, al establecer la obligación de contar con preinversión en los proyectos si se desea presupuestar los fondos que el proyecto requiera y sacarlo a contratación. Por lo anterior, podría ser cuestionable y reprochable, tanto en la vía administrativa como judicial, el hecho de que un proyecto público se haya realizado sin la aplicación de la técnica de la gerencia de proyectos.
De otra parte, en cuanto a la ausencia del enfoque de servicio público de calidad como valor transversal de la gestión pública y el ejercicio de la función pública, es palpable la falta de vocación en algunas personas funcionarias, así como la inexistencia de controles y factores promotores del servicio al cliente en las instituciones. Incluso, no es común encontrar casos donde se impartan capacitaciones sobre servicio público de calidad. De ahí, que, en muchas ocasiones, las experiencias de la persona usuaria al acudir a una institución pública usualmente no son satisfactorias.
Con base en lo anterior, contar con todos los estudios requeridos para la formulación del proyecto, así como aplicar instrumentos, herramientas, técnicas y metodologías propias de la gerencia de las operaciones de los proyectos cuando ya éste se encuentra en ese estadío, resulta fundamental para cambiar la forma en la que opera el Estado. Podríamos pensar en contar con estudios técnicos que contemplen la teoría de colas de espera y la localización del proyecto, así como que se cuente con un espíritu de mejora continua, por el cual, la gerencia de operaciones pueda realizar ajustes cuando detecte retrocesos u oportunidades de mejora. También, se puede contar con la aplicación de técnicas de prospección y de series de tiempo, mediante las cuales se pueda prever o calcular cuál será la demanda del servicio público ofrecido, para que, mediante las técnicas correspondientes, la gerencia de operaciones desplace los recursos necesarios para atender esa necesidad.
Otro aspecto que me parece relevante es que, al realizar la localización del proyecto, se contemple la participación de la población objetivo, pues las personas que la conforman saben, desde su vivencia, cual es la mejor ubicación. Aunado a lo anterior, dotar de accesibilidad y diseño universal a la infraestructura y bienes, así como contar con servicios inclusivos, aumenta la legitimación y la visitación de las instituciones.
El mundo se encuentra en un momento histórico donde enfrenta retos radicales que, incluso, amenazan con la extinción de la especie y la destrucción del planeta. Desafíos como el cambio climático, los conflictos armados, la amenaza y ataques cada vez más agresivos y frecuentes contra las democracias y los regímenes de libertades, el avance de regímenes autoritarios y demagógicos, el uso y aprovechamiento desmedido del capital natural y la profunda desigualdad e inequidad en la población mundial. Algunos de estos problemas son heredados de generaciones anteriores, que estructuraron un sistema orientado hacia esos resultados: un sistema capitalista sólo con metas económicas, cimentado en desigualdad e inequidad, inadecuado reparto de la riqueza y feroz en la competencia por la obtención y/o el control de los recursos estratégicos; otros problemas, son nuevos retos, que nacen de la dinámica social actual, probablemente fundamentada en gran medida en una profunda crisis de valores humanos y del privilegio a los aspectos económicos por sobre los demás componentes de la sociedad, como el social, el ambiental, el político, entre otros.
Lo anterior, pone a las autoridades locales, nacionales, regionales o comunitarias e internacionales ante el desafío de detectar estas problemáticas y de entenderlas como lo que son: un problema público; pero, se enfrentan a un reto de aun mayor dificultad: tomar decisiones y actuar frente a ellos para solucionarlos. Por ello, conta con Administraciones Públicas proyectizadas y con espíritu de servicio público de calidad, puede ser la vía para enfrentar los desafíos precitados con soluciones osadas y a la altura de esos conflictos.■
Por otra parte resalto el tema de la prospección, series de tiempo o pronósticos que se componen en una información super útil y fundamental para la toma de acciones y medidas operativas para maximizar la producción y eficiencia empresarial o estatal.
Usualmente, o en su mayoría, las decisiones son antojadizas, lo que, descartar un proyecto en ejecución puede considerarse viable desde la óptica política.