International Recue Committe publicó en el 2023 un listado con los países con mayor riesgo de sufrir desastres ambientales (https://www.rescue.org/article/10-countries-risk-climate-disaster), de acuerdo con el presidente de la organización las poblaciones de países como Somalia, Siria, El Congo, Afganistán, Yemen, Chad, Sudán, República de África Central, Nigeria, ya se encuentran a las puertas de una crisis climática que los azota a través de las sequías, inseguridad alimentaria, devastación y los empuja a constantes escaladas de conflictos civiles a propósito de la hambruna y la pobreza.
Desde el Océano Índico, por otro lado, los ciudadanos de los atolones que conforman Maldivas, reiteran sus reclamaciones y súplicas a la comunidad internacional para tomar acciones por clima y vitar convertirla en el primer país en desaparecer del planeta debido al cambio climático ( https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/02/las-maldivas-en-riesgo-de-quedar-sumergidas-bajo-el-agua-podran-adaptarse-al-aumento-del-nivel-del-mar). Y no es solo por la pérdida de territorio frente al mar por la subida del nivel del mar, sino por la invasión de plástico que llega a través de los océanos y que amenaza la vida marina y base de subsistencia de los isleños. En palabras del representante de UNICEF en Maldivas “El cambio climático y sus impactos van más rápido y por delante de la acción climática” y pueden provocar la “desaparición” de muchas islas a final de siglo (EFE Verde, junio 2023).
Desde Panamá, en el 2022 el país fue testigo del primer traslado de una comunidad isleña a tierra firme, a causa del cambio climático y de acuerdo con estudios del Ministerio de Ambiente para el 2050 el país perderá 2.01% de su territorio (https://www.prensa.com/economia/el-cambio-climatico-provocara-la-desaparicion-de-islas-y-zonas-costeras-en-panama/) y será testigo de la movilización a tierra firme de más de 60 comunidades
Desde el derecho internacional existen diversos instrumentos y actuaciones para alinear y responsabilizar a los Estados sobre sus decisiones en temas de cambio climático, por ejemplo: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), adoptado en 1992, el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997, los Acuerdo de Paris, adoptado en 2015 y un gran número de resoluciones en esta materia emitidas por el Consejo de Derechos Humanos para establecer corresponsabilidades entre los derechos humanos y el cambio climático. Más recientemente en el 2023, la Resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 77/276) solicita a la Corte Internacional de Justicia una opinión sobre las obligaciones de los Estados con respecto al Cambio Climático. La respuesta a esta solicitud de la ONU, establecería un precedente contundente ante los más de 1550 casos abiertos a nivel internacional contra 39 países relacionados a demandas sobre causas del cambio climático (PNUMA, 2020)
Las políticas de bonos verdes y financiación climática, así como otros instrumentos diseñados para actuar contra el frenético avance del cambio climático, son apenas un paliativo mínimo ante la inminencia de la devastación y catástrofe climática que enfrentan algunos países, es por esto, que la beligerancia, contundencia y celeridad desde el derecho internacional para establecer una estructura legal coercitiva y solidaria en temas de cambio climático que ampare a los países embestidos por las irresponsables decisiones de otros Estados a miles de kilómetros es indispensable. Aquí aplican las palabras de Séneca respecto con que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.