Partiendo de un proyecto con enfoque social, identificándose este como la planificación sistemática de actividades que permiten la satisfacción social de una realidad (UNESCO, 1999), la gestión de este, al comprenderse que atenderá necesidades sociales de personas, las cuales presentan especificidades y/o situaciones particulares, integrará una metodología hibrida que permita la gestión de las fases del proyecto desde una metodología flexible, colaborativa, adaptativa y que integre un diálogo y/o comunicación continuo de las partes (equipo técnico y personas usuarias).
Por consiguiente, Matteo et al (2017) parte en que la gerencia de procesos sociales será concebida como una dinámica colectiva donde confluyen las expectativas y las potencialidades de todos los actores sociales con proyección al contexto en que se originan, a partir de cuya conjugación será posible el logro de objetivos comunes, los que necesariamente deben enfocarse al desarrollo desde una perspectiva humana y social. (p.7)
Considerando la gestión y dirección de un proyecto social, específicamente la creación de una “Plataforma de servicios para el otorgamiento de subsidios económicos en Pueblos Indígenas”, en la fase de iniciación, se debe realizar un análisis desde lo ontológico (concepción de realidad), de lo epistemológico (concepción de la relación sujeto-objeto de intervención) y de lo metodológico (construcción de procedimientos) (Matteo et al, 2017, p.163) que le permita comprender al gestor de proyecto y equipo técnico las especificidades, y en este caso, la cosmovisión y pertinencia cultural en el que las personas usuarias-beneficiarias viven, perciben, sienten y comprenden la cotidianidad, y con ello satisfacer las necesidades sentidas de estas.
Identificando que el proyecto es una plataforma de servicios, deberá comprenderse que una necesidad social obrará como insumo, la satisfacción como la transformación, y el bienestar será el resultado (Matteo et al, 2017, p.6) Por lo que, crear el proyecto a través de una metodología participativa y la aplicación de herramientas de recolección de información tales como: entrevista, grupos focales, encuestas, entre otros, permitirá atinar en cuanto a las necesidades de las personas, y con ello, la elaboración de objetivos claros y su alcance.
Una vez se haya identificado las necesidades y expectativas de los stakeholders, y establecido los objetivos claros y el alcance preliminar del proyecto, se avanzará a la fase de Planificación.
La fase ut supra constituye en un instrumento de gestión que involucra acciones y decisiones que consideran desde el abordaje, comprensión y análisis de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas de solución. (Matteo et al, 2017, p.169)
En la planificación se desarrollan planes detallados para el alcance, cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, lo que ayuda a guiar la ejecución del proyecto. Para ello es necesario asegurar el involucramiento eficaz de las personas involucradas en la fase en cita, además de flexibilizar los procesos que permita la adaptabilidad y continuidad ante eventuales imprevistos.
Así las cosas, Matteo et al (2017) hace referencia a la etapa de planificación como un proceso sistémico, ya que visualiza una totalidad compuesta por un conjunto de elementos que interactúan entre sí, en este contexto, la planificación es interactiva, cíclica y flexible, pues resulta de antemano una proyección a futuro, debe aceptar ajustes y correcciones, y debe permitir mediciones y evaluaciones conforme se ejecuta.
Ante la particularidad de la población beneficiaria, Pueblos Indígenas, se debe de analizar y proceder conforme a la normativa internacional vinculante, además de la nacional, la cual establece que ante iniciativa de un proyecto, lineamiento o política que afecte los derechos de las personas indígenas, debe de realizarse una consulta previa, libre e informada. Lo anterior se encuentra debidamente normado en el Mecanismo General de Consulta Indígena (MGCI) (Decreto Presidencial N° 40932- MP-MJP). Este aspecto debe de apegarse en la planificación del proyecto, al afectarse no solamente el tiempo de ejecución, si no también el presupuesto que conlleva realizar una consulta en los 24 Territorios Indígenas.
Por consiguiente, se determina que el alcance efectivamente sería a nivel nacional, considerando las 08 etnias que se dividen en 24 Territorios Indígenas. Respecto a la temporalidad, por la experiencia en el ámbito, se mapea un aproximado de 8 meses en el proceso de consulta, lo cual es solamente un preliminar que brinde la viabilidad del proyecto. Posterior al visto bueno otorgado por los 24 Territorios Indígenas, procedería el desarrollo de la plataforma de servicios. Lo que implica diferenciar entre tiempos de ejecución en un mismo cronograma de operación y seguimiento, promoviendo una gestión eficiente del tiempo, considerando que el recurso temporal es limitado ante la urgencia de la aplicación de la herramienta para el acceso del servicio.
El liderazgo que asume el director (a) de proyecto, sumándole experiencia en mediación y comunicación asertiva son trascendentales en los espacios de negociación y disertación. Ya que, según lo establecido en el MGCI, el proceso de consulta integra fases[1] tales como; c. Acuerdos preparatorios para la consulta; d. Intercambio de información; e. Evaluación interna del pueblo indígena; f. Diálogo, negociación y acuerdos; g. Finalización del proceso de Consulta; h. Cumplimiento y monitoreo de los acuerdos. Dichas fases serán espacios de diálogo social, de escucha activa y de negociación, por lo que la estrategia metodológica que llevará el equipo a los territorios debe ser accesible, de comprensión universal, adaptada a las condiciones físicas del espacio físico y preferencia de las personas indígenas.
Lo anterior expone la amplitud, rigurosidad y especificidad metodológica en la que desarrolla un proyecto que incursione a través de un esquema desde donde sea posible la construcción de espacios para la participación, como fuente para la reflexión, el debate y la generación de alternativas viables para encarar y resolver con acierto problemas.
Por cuanto, a los aspectos organizativos se debe de visualizar desde dos ámbitos. En primera instancia, la distribución y organización del equipo técnico interdisciplinario para la elaboración del borrador del proyecto que será presentado a consulta, así como la gestión del proyecto y fases per se. En segunda instancia, la organización por cuanto a la logística que se debe realizar cuando la consulta se esté ejecutando.
Expuesto lo anterior, la planificación puede indicar la necesidad de planes: estratégicos, tácticos, operativos y normativos, para optimizar recursos y alcanzar metas de mejoramiento y desarrollo social.
Respecto a la administración financiera, considerando el proceso de consulta, se debe generar un presupuesto paralelo al desarrollo de la plataforma de servicios. Ya que, según el MGCI, el costo total de una Consulta (la cual no presenta un monto definido, si no, es definido por las Unidades Técnicas de Consulta Indígena -ITCI- de cada Territorio Indígena e través de los Planes de consulta que se elaboran en la Fase 4 del mecanismo citado) debe ser atendido en su totalidad por la contraparte interesada, en este caso el Estado.
Con relación a la plataforma como sistema o herramienta tecnológica, el generar un equipo técnico de ingenieros y cientistas sociales específico para el desarrollo de la plataforma es vital para articular el conocimiento tecnológico con la especificidad técnica que incluirá en cuanto a servicios, lenguaje, idiomas, y accesibilidad, comprendiendo la diversidad poblacional en una misma comunidad.
No obstante, es vital considerar que, al gestionarse un proyecto de alcance nacional, o bien de todo el Territorio Indígena, se pueden presentar riesgos potenciales que afecten el éxito del proceso de consulta y por ende, el desarrollo del proyecto. La práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva a los posibles riesgos potenciales, tales como; acceso a los territorios (considerando época lluviosa), situación política en la gobernanza indígena, asistencia y participación a los talleres, sistematización efectiva de la retroalimentación de las comunidades indígenas, entre otros.
Con un plan de gestión de riesgos efectivo, se detectará cualquier riesgo en potencia que pueda surgir durante el ciclo de vida del proyecto y mitigarlo con acciones o decisiones valoradas anticipadamente, mimas aportarán estabilidad en el proceso, así como evitar retrasos en el cronograma y modificaciones presupuestarias.
Referencias bibliográficas:
Langley, M. A. (2015). El impacto estratégico de los proyectos: Identifique los beneficios para impulsar los resultados de negocios. Project Management Institute. Disponible en https://www.pmi.org/- /media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/identify-benefits strategicimpact.pdf?rev=72b665a9f3ad44b7896eb59f345fe726&sc_lang_temp=es-ES
Matteo, C., & Graterol, E. (2017). Proyectos sociales: metodología e implicaciones para la gerencia social. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XXIII(2), 161-185.